Como sabemos, la acusación del procurador Julio Galindo contra La Cautiva no prosperó. Debemos agradecer a los medios y a las redes sociales por hacer público el caso, denunciar este intento de coartar la libertad de expresión y, en última instancia, haber logrado abortar el disparate.

Pasado el calor del momento y, a partir de sus propias declaraciones, me gustaría analizar el “pensamiento Galindo” para denunciar el peligro que representa para nuestra democracia contar con un funcionario público que usa el poder dado por la ciudadanía para manipular la ley a favor de su pensamiento y objetivos políticos.

Julio Galindo y los que lo sostienen piensan lo siguiente:

1. La presentación de militares violando derechos humanos durante la época del terrorismo, aunque sea en una ficción, es apología del terrorismo porque “se mancha la imagen institucional de las Fuerzas Armadas”.

2. La sola representación de senderistas en una ficción es apología del terrorismo porque representarlos significa reproducir su pensamiento y sus actos y eso está prohibido. Y si no lo está, debería estarlo.

3. Para detener expresiones, artísticas o no, que contengan cualquiera de los hechos mencionados en 1 y 2, una producción, artística o no, puede y debe ser denunciada, aunque sea en base a mentiras.

La ecuación Militar violador de derechos humanos = Ataque a la imagen institucional de las FF.AA. = Apología del terrorismo, no tiene sustento ni lógico ni legal, de modo que ese señor debería estar en su casa. Lo sorprendente es que, al contrario, actúa desde hace años usando el poder dado por el Estado para avasallar la libertad de expresión y la creación artística buscando alinearlas con su peculiar lógica, aunque sea a punta de mentiras.

¿Cuáles son estas mentiras? La más general y grosera es decir, precisamente, que La Cautiva hace apología del terrorismo. ¿Celebra o alienta la obra las atrocidades cometidas por Sendero Luminoso? No. ¿Las justifica usando la torcida argumentación del MOVADEF? En ningún momento. La obra, por lo demás, no es complaciente respecto al dogmatismo de los terroristas, hasta el punto de convertir a la protagonista de 14 años, hija de senderistas, en una rígida y adoctrinada terrorista.

De modo más específico, Galindo ha dicho en sus declaraciones a Canal N el 13 de enero: “Hacen ver que el accionar de las FF.AA. fue totalmente contrario a los derechos humanos…”. También ha dicho que “…en la obra dejan entrever que las FF.AA. cometieron todos los delitos contra los derechos humanos” (La República, 17/01/15). Noten la intención totalizadora de sus acusaciones. ¿Por qué alguien mentiría abierta y groseramente si no tiene una agenda específica pero, sobre todo, el aval de un poder fáctico que lo mantiene en su puesto para actuar de esta manera?

Aunque la fallida acusación contra La Cautiva representa un nivel de ignorancia indignante e insultante, es evidente que si el aparato del Estado permite este tipo de funcionario y de función pública es porque sus decisiones no son producto de la ignorancia o mera estupidez, sino producto de un afán regulador y disciplinador no solo del arte, sino de la cultura y el pensamiento en general.

No hay nada nuevo en el afán disciplinador del poder. Lo que me llama la atención es que sea hecho a plena luz del día, impunemente. De haberse producido la acusación, el objetivo de la misma no era mandar presos a León y de Ferrari sino limitar y condicionar la reflexión crítica sobre la guerra interna y el rol que le tocó jugar a nuestras Fuerzas Armadas.

Cualquier ciudadano tiene derecho a pensar una u otra cosa sobre lo que los militares hicieron durante el conflicto armado interno. Puede razonarlo públicamente, escribir libros o hacer teatro para expresarlo artísticamente. Lo que nadie tiene derecho, ni Galindo ni las Fuerzas Armadas, es a usar el poder conferido por el Estado para ir contra los derechos consagrados por nuestra propia Constitución.

En defensa de nuestro Estado de Derecho, es Galindo y su "pensamiento" el que debe ser denunciado.