Hoy salió en los medios de comunicación que el gobierno espera que este año se ejecuten más de 1,000 millones de soles en Obras por Impuestos. Este mecanismo viene creciendo sistemáticamente desde que se creó en 2008: si en 2009 se ejecutaron 2 proyectos, en 2014 se ejecutaron 48. Si en 2009 se ejecutó 6 millones de soles, en 2014 se ejecutaron 439 millones. Mil millones en ejecución representaría, pues, un incremento superior al 100% en apenas un año.

El debate gira sobre varios asuntos de la mayor importancia, como fui testigo durante un conversatorio organizado por el Grupo Propuesta Ciudadana hace unos meses: ¿a quién beneficia realmente este mecanismo, al Estado o a las mismas empresas? ¿Es realmente más eficiente que las empresas ejecuten las obras? ¿Quién define su pertinencia: los gobiernos subnacionales que las aprueban o las empresas en función de sus zonas de influencia?

Así, hay un caso de una obra construida bajo este mecanismo que consistió en asfaltar la pista que da a la planta de la empresa. En este caso, ni siquiera se trata de obtener el subproducto de una buena reputación —algo que también es criticado pues se vende como responsabilidad social lo que es beneficio propio y, encima, hecho con dinero público— sino de facilitar su propia operación y reducir los costos derivados del mal estado del camino.

El quid del asunto

A mi entender, el asunto de fondo es el siguiente: al mecanismo lo han nombrado quitándole el adjetivo central. Las obras por impuestos son, en verdad, obras públicas por impuestos públicos. Por tanto, debemos preguntarnos si estas obras construyen bienes públicos o, lo que es lo mismo, si este mecanismo aporta a la construcción de lo público.

Sin ahondar demasiado en el asunto, podemos señalar que algo público es algo visible, accesible, común, colectivo, que beneficia a todos.

La discusión menos relevante, para mí, es quién construye la obra o si es más eficiente el Estado o el privado. Esto es así puesto que el Estado nunca construye directamente sino que todas las obras las encarga a empresas privadas a través de licitaciones y otros mecanismos legales.

La discusión relevante es la discusión sobre lo público. Es decir, ¿quién estableció y con qué criterios que esa obra era prioritaria? ¿Para beneficio de quién se construye? ¿A qué necesidades responde y a través de qué mecanismos han sido establecidas? Finalmente, ¿qué activos y capacidades públicas construye?

La respuesta a las preguntas anteriores escapa del ámbito del mecanismo mismo y se refieren, más bien, al tipo de Estado que tenemos como reflejo de nuestra sociedad. Es fácil entender esto si pensamos en cualquier obra pública y no solo a una ejecutada por una empresa privada a cuenta de nuestros impuestos. Así, la obra llamada palacio municipal de Echarate o palacio regional de Moquegua o los tres estadios de Yarabamba en Arequipa, al lado de Cerro Verde, puede ser igualmente analizada a la luz de dichas preguntas. Da lo mismo quién las construyó.

De modo que la discusión sobre Obras por Impuestos no es una discusión sobre quién es mejor constructor sino sobre las normas que nos damos para:

- Priorizar obras públicas;

- Entregar su ejecución a terceros;

- Vigilar su ejecución y asegurar un uso escrupuloso y transparente del dinero público;

- Asegurar que el organismo público que recibe la obra incluya presupuesto para su mantenimiento una vez construida;

- Que todo lo anterior sirva para fortalecer la capacidad del Estado (sea un municipio o un gobierno regional) para generar bienes públicos.

Sabemos que el mecanismo deja un activo público. Hasta allí su aporte concreto. Sobre la priorización, la obra debe de estar dentro del plan de desarrollo y ser aprobada por el Consejo municipal o regional. Desgraciadamente, en nuestro país, ambas cosas aseguran su carácter oficial o gubernamental, pero no público. Adicionalmente, algunas de estas obras por impuestos hipotecan los recursos públicos hasta por tres años debido a que el costo de la obra excede el presupuesto de inversión local, sin que el gobierno y menos la población haya hecho necesariamente un análisis del impacto presupuestal de estos compromisos a la luz de otras obras de interés común y de largo plazo.

Entregar las obras a un privado no es solo entregar la ejecución de la misma sino renunciar a la capacidad del Estado a llevar a cabo estos procesos. Al delegar, el Estado debilita su capacidad de priorizar y de hacerlo públicamente, de planificar, de supervisar y de rendir cuentas, de nuevo, públicamente. Es decir, de liderar un proceso bajo control ciudadano.

Renunciamos a construir una sociedad más democrática y transparente y un Estado que construye lo público a través de sus acciones, a cambio de mayor ejecución presupuestal, de mayor eficiencia en el corto plazo. Al hacerlo, de carambola, se construye la profecía autocumplida de las élites que gobiernan el país desde los 1990: el Estado delega porque no tiene las capacidades y no tiene las capacidades porque no las desarrolla.

Preguntémonos, por ejemplo, cuánto ha invertido el Estado peruano desde que se inició el proceso de descentralización para desarrollar las capacidades de gestión de los gobiernos subnacionales, incluyendo la capacidad de control interno para evitar la corrupción. ¿Qué pacto de largo plazo generó el gobierno nacional con municipios y regiones al respecto?

Las empresas que han decidido participar en este mecanismo deberían incluir en su análisis el modo cómo pueden aportar a la construcción de lo público. Elegir obras priorizadas a través del Presupuesto Participativo puede ser una forma, dado su carácter colectivo y sus mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas ya establecidos.

Lo que nos debe preocupar no es que el presupuesto público sea ejecutado por la empresa privada sino que cada una de las etapas por las que atraviesa una obra, desde su diseño hasta su entrega al gobierno y rendición de cuentas, exprese el carácter público de la misma —es decir, que esté bajo control ciudadano— pues ha sido construida con dinero de todos y, teóricamente, a favor del bien común.